Un tribunal federal de apelaciones permitió al gobierno reanudar la aplicación de las deportaciones aceleradas a nivel nacional, una medida que amplía las facultades de ICE para expulsar a determinados inmigrantes sin una audiencia ante un juez de inmigración.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia emitió una decisión de 2 votos contra 1 que permite al gobierno federal reactivar la política de deportaciones aceleradas, conocida como expedited removal, en todo el territorio de Estados Unidos.
Con este fallo, queda sin efecto una orden emitida previamente por un tribunal de menor instancia que había bloqueado temporalmente la aplicación nacional de esta política.
La decisión permite que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puedan aplicar el procedimiento de remoción expedita fuera de las zonas fronterizas, ampliando el alcance de una medida que históricamente se utilizaba principalmente cerca de la frontera y contra personas recién ingresadas al país.
Bajo este procedimiento, determinadas personas pueden ser sujetas a una orden de deportación sin comparecer previamente ante un juez de inmigración, siempre que las autoridades consideren que cumplen con los criterios establecidos por la ley.
Uno de los aspectos centrales de la política es que las personas detenidas deberán demostrar que han permanecido físicamente en Estados Unidos durante al menos dos años continuos si desean quedar fuera del alcance de este procedimiento. En caso de no poder acreditar ese tiempo de permanencia, podrían enfrentar un proceso de remoción expedita.
Ante este escenario, abogados especializados en inmigración recomiendan que quienes puedan verse afectados mantengan disponibles documentos que ayuden a demostrar su permanencia en el país. Entre ellos se encuentran declaraciones de impuestos, contratos de arrendamiento, estados de cuenta bancarios, comprobantes de empleo, expedientes médicos, facturas de servicios públicos y registros escolares.
La opinión mayoritaria del tribunal sostuvo que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de determinar el alcance de la aplicación de esta herramienta migratoria.
Sin embargo, el juez Robert L. Wilkins, quien emitió el voto disidente, expresó preocupación por los posibles errores que podrían producirse durante la aplicación de la medida y advirtió sobre el impacto que podría tener en el derecho al debido proceso.
Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), manifestaron su desacuerdo con la decisión judicial y anunciaron que continúan evaluando nuevas acciones legales.
La medida representa uno de los cambios más importantes en la aplicación de la política migratoria federal y podría afectar a personas indocumentadas que residen en distintos estados del país.
FUENTE: Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. | ACLU | La Nación | Reportes judiciales federales